Neta, que poca la del Alcalde de Monterrey
Por El Aneudi
La actualización de los valores catastrales es un proceso cíclico y, aunque impopular, forma parte de las facultades de cualquier ayuntamiento.
Como periodistas, estamos acostumbrados a ver este jaloneo entre los municipios y el Congreso durante el último trimestre del año. Sin embargo, lo ocurrido este 1 de enero en Monterrey no tiene precedentes cercanos: un incremento por la puerta de atrás.
El Alcalde priista Adrián de la Garza, sorprendió a los ciudadanos con un aumento al Impuesto Predial que oscila entre el 20 y el 40 por ciento, según el ejercicio periodístico que hizo un medio de comunicación.
El problema no es solo el golpe al bolsillo, sino la opacidad y la dudosa legalidad con la que se ejecutó.
¿Cuál fue el argumento para aplicar esta alza?, que en el año 2024 el municipio solicitó al Congreso actualizar los valores catastrales para el 2025, pero no pudo aplicarse porque el Gobierno estatal vetó el Decreto en donde se establecía.
Fue hasta febrero de ese año que el Ejecutivo estatal decidió publicar en el Periódico Oficial del Estado el incremento, pero ya fue demasiado tarde por lo que el Municipio de Monterrey tuvo que operar con los valores catastrales establecidos en el 2024.
El problema viene cuando la administración regiomontana decidió, por cuenta propia, “reactivar” ese decreto rezagado para aplicarlo en este 2026. Aquí es donde la ética política choca con la técnica legislativa:
Expertos señalan que por Ley el municipio de Monterrey no estaba facultado para aplicar esta medida porque el proceso legal señala que para establecer un aumento se debió hace una nueva petición para que el Legislativo hiciera un nuevo Decreto que aplicara en el Ejercicio Fiscal 2026.
Más allá si Adrián de la Garza mantiene este cobro, lo reprobable es la forma. Aplicar un alza “a escondidas”, aprovechando las fiestas de año nuevo, denota un desprecio profundo por el respeto al ciudadano. Como bien se dice en la cultura popular: con los ciudadanos no.
Es alarmante que la clase política haya llegado a un punto donde la opinión pública parece importarles tan poco. Si el municipio necesitaba recursos, la vía era la transparencia y el debate en la tribuna, no el hecho consumado frente a una ventanilla de cobro.
No dudo que habrá una lluvia de amparos que soliciten los ciudadanos para salvarse de este cobro, pero lo que si deben tener muy presente es quien se las está haciendo porque falta poco para que esos mismos políticos toquen las puertas de sus casas para pedirle su voto.